E
n años recientes, la venta y el consumo de bebidas destiladas de diversas variedades de agaves, distintas al tequila, ha cobrado auge y popularidad en todo el país. Muchos de esos destilados, que genéricamente son llamados
mezcal, pero que regionalmente tienen otros nombres, son producidos de manera artesanal, provienen de vegetales silvestres y forman parte de una actividad ancestral de pequeños productores de pueblos originarios en 27 entidades de la República.
En cierta forma, la evolución en el consumo y popularidad de esas bebidas se explica como resultado de la proyección global, la profusa comercialización y la industrialización que ha experimentado el tequila –considerado la bebida alcohólica tradicional de nuestro país–, lo que ha provocado una merma en su calidad y su valoración en distintos círculos de consumidores nacionales.
Con ese telón de fondo, a finales de noviembre pasado la Secretaría de Economía presentó un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), la número 199, que pretende imponer a los productores de mezcales tradicionales la obligación de rebautizar sus productos con el nombre genérico de
komily prohibirles además que usen en sus etiquetas referencia alguna a la palabra
agave. Semejante medida representaría un duro golpe para la producción artesanal de los destilados, toda vez que impediría su identificación por un buen número de consumidores.
Esta agresión contra los productores tradicionales de mezcal no es, sin embargo, hecho aislado. Por lo menos desde 1997, cuando se emitió una NOM para la denominación de origen de los mezcales, amplias regiones del país dedicadas a la producción artesanal de esos destilados fueron excluidas de dicha regulación, pese a que los agaves mezcaleros son un signo característico de la rica biodiversidad que puede hallarse prácticamente en todo el país. De esa manera, se prohibió a un amplio número de productores que llamaran
mezcala sus productos, en un acto claramente discriminatorio y transgresor de una tradición de artesanos mezcaleros que ha sobrevivido por generaciones.
Desde 2012, con los proyectos de normas oficiales 186 y 006, se ha intentado prohibir a esos productores el uso del término
agaveen sus destilados, lo que profundizaría la exclusión mencionada. Detrás de estas asonadas contra los fabricantes de mezcal artesanal puede percibirse la mano no tan invisible de las grandes empresas tequileras nacionales e internacionales, renuentes a compartir un mercado de destilados que, en aproximadamente 25 por ciento, se ha reorientado al consumo de productos de agave distintos al tequila. Debe recordarse que desde 1992, en el sexenio de Carlos Salinas, se otorgó a las corporaciones una importante cuota de poder fáctico, con la promulgación de una Ley de Normalización, que señala la participación de la industria en la elaboración de las NOM.
Es evidente que la propensión de las autoridades a defender los intereses de las empresas tiene un efecto adverso en la biodiversidad: al trastocar las posibilidades de comercialización de productos distintos a los protegidos por las denominaciones de origen, se afecta también su producción.
Se asiste, en suma, a un proceso análogo al que se ha vivido con el caso del maíz, cuyo nombre y patentes han intentado ser apropiados por la trasnacional Monsanto, en perjuicio de variedades y formas de cultivo tradicionales e inveteradas, puestas en práctica principalmente por pequeños productores agrícolas.
En un entorno plagado de desigualdades, el impulso a políticas que favorecen a los intereses económicos preponderantes, en perjuicio de los más débiles, acentúan las injusticias y desigualdades sociales y demuestran el carácter nocivo del actual modelo de desarrollo. El ataque contra los artesanos mezcaleros y sus productos es, en ese sentido, un ejemplo adicional de los despropósitos que pueden llegar a cometerse como consecuencia de dicho modelo.
